SOBRE EL CONGRESO:

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Los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) alertan de la urgencia de actuar en dos sentidos. Por un lado, en la rápida reducción de las emisiones netas globales de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero hasta alcanzar el cero neto en 2050, si se quiere limitar el calentamiento global a 1.5°C para finales de este siglo. Por otro, en la adaptación de las sociedades humanas a unos cambios que, independientemente de las acciones anteriores, persistirán por siglos y milenios y continuarán ocasionando cambios a largo plazo adicionales en el sistema climático. Por una u otra razón se necesitarán transiciones sin precedentes en muchos aspectos de la sociedad, por ejemplo, en los ámbitos de la energía, los usos del territorio y los ecosistemas, las zonas urbanas y las infraestructuras, y la industria.

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El ciclo hidrológico en su conjunto está afectado por los cambios producidos en el sistema climático, ya que forma parte de él. Hasta hace unas décadas, las variables climáticas que sustentan la gestión del agua (p.ej. precipitación), dibujaban un marco estable (considerado exógeno) a largo plazo, a pesar de su variabilidad intrínseca en el corto periodo. La desestabilización antropogénica del sistema climático erosiona la gestión del agua tradicional en sus fundamentos, al volatilizar la base de información en la que se sustenta. Por otro lado, hoy no es posible concebir una política hídrica al margen de las estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un intento por mitigar sus efectos sobre el clima y para adaptar las sociedades a los cambios ya en marcha.

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La política del agua debe responder a la urgencia de actuar con decisión para prevenir y evitar un agravamiento de los problemas, tomando en consideración el incremento de la incertidumbre derivada de cambios sin precedentes y de la globalidad simultánea de dichos cambios, que retroalimenta la incertidumbre.

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Para abordar la política del agua en este contexto podemos acotar el campo del debate con algunas certezas y algunas intuiciones. Entre las primeras, como ya se ha apuntado, la necesidad urgente de limitar en el corto plazo las emisiones de GEI, con las implicaciones que eso tiene para el modelo energético fosilista y, por tanto, para todo el sistema de producción y consumo y, en última instancia, para el régimen de adquisición de riqueza (y poder). También, la urgencia de adoptar medidas preventivas frente a los efectos inevitables del cambio climático, como los derivados de las sequías, las inundaciones fluviales o costeras, la extinción de especies, etc.

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